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Observatorio del Gasto Social, Cuarto Informe 2006

Derechos Económicos Sociales y Culturales Un reto para la Paz... Cuarto Informe, año II Enero a diciembre 2006

Presentación. Como parte del que hacer de la sociedad civil en el campo de la Auditoría social, el "Observatorio del Gasto Social˝ conformado por el Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos, CIIDH, y la Coordinación de ONG y Cooperativas de Guatemala, CONGCOOP, presenta el cuarto informe, año II, de Monitoreo del Presupuesto del Estado, y su correspondencia con los Derechos Económicos, Sociales y Culturales DESC, con el objeto de incidir en la aplicación del PIDESC.

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Observatorio del Gasto Social, Sexto informe primer trimestre 2006

Derechos Económicos Sociales Sociales y Culturales, Un reto para la Paz, sexto informe, primer trimestre 2006

CAPÍTULO I, ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO Enero-marzo 2006

1.1 Ingresos, Indiferencia Gubernamental ante la inminente crisis de las finanzas públicas

El Gobierno de Oscar Berger inició su mandato, el 14 de enero de 2004, en medio de una fuerte crisis de las finanzas públicas. La Corte de Constitucionalidad suspendió a finales de 2003 e inicios de 2004 la vigencia del Impuesto a las Empresas Mercantiles y Agropecuarias IEMA, el Impuesto a Bebidas Alcohólicas y las modificaciones al Código Tributario, producto de las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por el CACIF.

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Observatorio del Gasto Social, tercer informe

Derechos Económicos Sociales y Culturales, Un reto para la Paz, tercer informe julio-septiembre 2006

Tal como lo viene realizando desde hace dos años, el Observatorio del Gasto Social integrado por el Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos -CIIDH- y la Coordinación de ONG y Cooperativas, -CONGCOOP-, presenta a usted el tercer informe de monitoreo y análisis de la Ejecución Presupuestaria del Estado, que corresponde de enero a septiembre del presente año, siempre con énfasis en Acceso a Tierra, Salud y Educación.

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Observatorio del Gasto Social, Segundo Informe 2006

Segundo Informe de Monitoreo del Gasto Social, Año II 2006

Capítulo I, Análisis del presupuesto de ingresos y egresos del Estado

Coyuntura Fiscal: controversias en ley antievasión y de maquilas (decreto 29-89

Disposiciones legales para el fortalecimiento de la administración tributaria decreto 20-2006 (Ley Antievasión). Finalmente, después de casi medio año de debate en el Congreso de la República, la Ley antievasión (decreto 29-2006) fue aprobada. En el mes de mayo, el proceso para su aprobación se paralizó por la propuesta de las bancadas del Frente Repúblicano Guatemalteco (FRG) y de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) que buscaba promover una enmienda para aplicar la tarifa del (0%) en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los pequeños productos de café, con el objetivo de eliminar la devolución del crédito fiscal. No obstante, la propuesta no logró el apoyo necesario, por lo que no fue incluida dentro de la versión final de la ley.

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Monitoreo Ejecución Presupuestaria del MAGA, enero-julio 2012

Comunicado 2, 30 de Julio 2012

Mínimo avance físico y financiero, se evidencia mayor ejecución en funcionamiento al mes de julio…continúa sin priorizarse la inversión 

  • Q104.00 millones recortados al MAGA
  • Sub programa de Reconversión Productiva sin avance físico y financiero por falta de presupuesto
  • FONTIERRAS sin priorizar acceso a tierra vía compra

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación al mes de julio había ejecutado 21.23% de su presupuesto (corresponde a Q351.44 millones de Q1, 655.53 millones vigentes, con un recorte de Q104.00 millones a la fecha).

Se evidencia al mes de julio que el MAGA continúa teniendo grandes dificultades para que sus programas arranquen, y se demuestra en el Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional (uno de los pilares fundamentales para apoyar a la ejecución del Plan Hambre Cero) al cuál le han recortado Q109.96 millones impactando en actividades tales como: la entrega de alimentos, asistencia alimentaria a la población vulnerable (se han beneficiado a 11,043 familias en 12 departamentos, según la meta se deben de cumplir al finalizar el año 342,903) y apoyo a la producción de alimentos (en este se han implementado 13,230 huertos de diferentes tipos, otorgado 1,240 pilones, 1,438 capacitaciones y 4 invernaderos, en 17 departamentos), es importante resaltar que se están priorizando departamentos con mayor índice de vulnerabilidad a la desnutrición y altos índices de pobreza, sin embargo es importante resaltar que además se debe priorizar el fortalecimiento al incremento de la producción de alimentos en el país, ello se contradice con los recortes realizados durante enero a julio.

Dentro de dicho Programa se encuentra el subprograma de la Supertortilla, que dentro de sus metas está cubrir únicamente 4 Departamentos y 10 Municipios (San Marcos, Huehuetenango, Quiché y Jalapa) y el cual beneficiará a 8,771 familias y aunque son departamentos con altos índices de desnutrición crónica, este proyecto no tiene pertinencia cultural, ya que en lugar de dotarlos con harinas fortificadas se les debería de apoyar con incentivos efectivos, tales como: herramientas, acceso a tierra y capacitación para poder producir sus propios alimentos, es importante resaltar en este apartado que ya se cuentan con programas sociales de asistencia alimentaria a los cuales dichas familias pudieran tener acceso.

El Programa de Desarrollo Rural Agropecuario es el más afectado con un recorte de Q215.18 millones y en donde el apoyo a la reconversión productiva solo ha ejecutado su presupuesto en funcionamiento, además el Sub Programa Triángulo de la Dignidad tiene un recorte de Q219.54 millones (quedando únicamente con Q5.46 millones y está a Q0.0 ejecución) y en este se pretende apoyar a 67,515 agricultores con Q3,000.00 y capacitación para producción de granos y se realiza en alianza con FONTIERRAS para poderlo hacer efectivo (este ya viene realizando dicha actividad desde años anteriores lo cual se considera duplicidad de actividades con los mismos recursos), sin embargo los recursos destinados en las dos instituciones se consideran raquíticos.

Dentro del MAGA se visualiza que a pesar de la reestructuración que ésta tuviera en el Gobierno anterior esta no ha podido retomar su papel de la rectora del desarrollo rural en Guatemala y más aún cuando se continúan implementando dentro de dicha institución Sub programas tales como: Bosques y Agua para la Concordia que con una asignación de Q100.0 millones no se logra establecer cuál o cuáles son los beneficios para el país. Además dentro del MAGA se encuentra el Programa de Servicios de Coordinación Regional y Extensión Rural, este cubre las Escuelas de Formación Agrícola y a los extensionistas rurales, en donde se pueden contabilizar aproximadamente 238 personas dentro del listado del personal, en donde el financiemto va más dirigido al personal administrativo que a técnicos rurales en apoyo al fortalecimiento de las capacidades.

El FONTIERRAS, cuenta con un presupuesto integrado (Presupuesto Ordinario y Presupuesto Fideicomiso Fondo de Tierras Acuerdos de Paz), de Q476.04 millones, que para el presente año al igual que en los anteriores cuenta con mayor presupuesto para arrendamiento de tierra Q172.06 millones, en donde esperan beneficiar a 75,000 personas de las cuales al mes de junio han sido beneficiadas 53,742, caso contrario en Acceso a Tierra vía compra que cuenta con un presupuesto integrado de Q97.21 y está orientado a la compra de 12 fincas para beneficiar a 850 personas, a la fecha no se ha establecido el número de fincas compradas.

Lo anterior demuestra la falta de voluntad política por parte del actual Gobierno y la falta de priorización del desarrollo rural, la misma ha quedado en el discurso, ya que en la práctica esto no se ve reflejado. En cuanto al acceso a tierra, uno de los grandes determinantes de la desigualdad social en Guatemala no es abordado adecuadamente.

El Desarrollo Rural Integral es una de las respuestas estructurales más urgentes y necesarias ante la hambruna y pobreza que afecta especialmente a la población en el área rural. Sin embargo, hasta la fecha, las acciones gubernamentales no han superado a la entrega de fertilizantes y la presentación de tres políticas públicas relativas al desarrollo rural. Mientras que el oficialismo cuenta con una alianza de la mayoría en el Congreso de la República, y aun así no ha apoyado la aprobación de urgencia nacional de la iniciativa 4084 Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral.

Es preocupante que el Ejecutivo carezca de una política viable para el acceso a tierra para la población en pobreza o sin tierra y mucho menos tiene mecanismos operantes para resolver la deuda agraria.

Para mayor información:

Alejandro Aguirre Zully Morales

Coordinador del Instituto por la Democracia - ID - Investigadora

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